delitos?, La Ley, págs. 1/3 )
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“… la corrupción forma parte de lo que se conoce como delincuencia económica, o
delincuencia en la actividad económica. La corrupción es una clase de delito económico. Por
ello a más de un bien jurídico particular, como puede serlo la administración pública, su
objetivo es también la protección de un bien jurídico general (pluriofensivo), que es el orden
económico (por un lado) y la confianza social (en el más amplio de los sentidos por el otro).
Ahora bien, si frente a esta situación desde el derecho penal se pretendiera aportar algo (aun
como ultima ratio), más que acudir a un cambio legislativo, podría hacerlo mejorando su
calidad de herramienta. Esto con el objetivo de lograr una mayor punibilidad en este tipo de
delincuencia (lo que incluso activaría seriamente su finalidad preventiva general). Pareciera
que las dos notas que se le reclaman al derecho penal, al menos en los delitos de corrupción,
es más eficiencia y eficacia.
La realidad nos indica que hoy la ley penal entorno a la corrupción es puramente simbólica. En
efecto, si comparamos los altos índices de corrupción que son captados por los organismos
especializados, y el ínfimo porcentaje de casos en investigación, y las casi nulas sentencias
de hechos enmarcados en estos delitos, la conclusión es evidente: en nuestro país el derecho
penal no es operativo en los casos de corrupción.
Es verdad que se trata de hechos de difícil probanza, y en el que tratándose de funcionarios
públicos, mayormente en actividad o sujetos activos de alto status social y poder económico,
la actividad procesal se ve alterada. Estas características no son frecuentes en los delitos
comunes.
Sin negar la dificultad en lo atinente a la prueba, desde nuestra perspectiva, lo que caracteriza
como simbólicos a los delitos de corrupción está relacionado a dos grandes carencias. Por un
lado el “déficit de punibilidad o de sanción penal”. Ese déficit es aplicable a casi todos los
delitos que integran el derecho penal económico, pero quizás en los delitos de corrupción este
aspecto sea más profundo. Y esto ya parece estigmatizar estos casos. Por el otro, también
padece de un déficit en su valoración. Los hechos que se enmarcan en estos delitos, en
general, no merecen el mismo rechazo social que los delitos comunes. No sólo en la
sociedad, sino también, en general, en los operadores penales tradicionales se advierte esta
realidad. Quizás lo sea como una forma de resignación frente a los resultados que implican su
persecución. En este sentido, el Profesor Alemán Bernd Schunemann sostiene “La insuficiente
eficacia de la sanción y de la prevención en el Derecho Penal Económico, observable sin
dudas en la práctica actual, es consecuencia de la defectuosa valoración de la gravedad,
especialmente en los hechos”. Pareciera que una visión primitiva, y casi inocente, pese a la
letra de la ley, no nos permite aceptar al orden económico como un bien jurídico digno de protección penal,
al cual lo reservamos sólo para bienes jurídicos personales.
La preferencia de atender a los delitos comunes, sobre los económicos, es bien descripta por
el criminólogo Elías Neuman que sostiene: “En mis visitas periódicas a los establecimientos de
América Latina sigo viendo “las mismas cabecitas negras” que comencé a observar 40 años
atrás. Son los nietos de aquellos que por esos tiempos eran jóvenes sin esperanza. Esta
perspectiva criminológica permite inferir, dentro de otras cosas, que son muy pocos los casos
en los que la ley penal se aplica con efectividad fuera del ámbito de su alcance tradicional.” La
cita es claramente descriptiva de un derecho penal selectivo, que se resiste a considerar
determinados hechos como delitos, como si el orden económico no debiera protegerse a
través de ley penal, en una errónea interpretación de lo que es el derecho penal mínimo.
Sin embargo hay muchas razones por las cuales, incluso justificaría que fuera al revés. Y es
que tal como sostiene el Profesor uruguayo, Pablo Galain Palermo, “el daño que produce la
actuación de la criminalidad económica es de tal magnitud que ha llevado a hablar de una
“macrocriminalidad”, que incide en el campo de la economía estatal y en última instancia en
todos y cada uno de los componentes de la sociedad”. En efecto, la corrupción como delito de
la economía es uno de los hechos típicos más gravosos, no sólo desde el punto de vista
económico (material), sino moral (inmaterial). Algunas consecuencias son irreversibles, y la
mayor parte de las víctimas de estos delitos ignoran que son víctimas.
… Estas consideraciones nos llevan a sostener que, como primera medida, en lo que compete
al derecho penal, más que un cambio en la ley sustantiva, debería trabajarse sobre: 1) un
cambio en la cultura en los penalistas sobre la valoración del tema en consideración; 2) en
procurar el fuero penal mayores recursos materiales y humanos; 3) y en una gestión penal
que en la investigación y juzgamiento se distinga de los otros delitos comunes …”.
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