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19 de julio de 2016

DOCTRINA: LA PUBLICIDAD y EL ACCESO RESTRINGIDO A CONSTANCIAS DEL PROCESO. UN PRINCIPIO DEL ACUSATORIO DE RELATIVA VIGENCIA EN EL ACTUAL PROCESO PENAL


La legitimación de parte, el secreto de la investigación y la reserva de identidad,  por distintas razones operan como excepciones a la regla consagrada de la publicidad del proceso penal, estructurado éste según el modelo acusatorio, cuyo fortalecimiento se proclama desde algunos años.[1]  
En forma diversa o ambigua, además de tales institutos legales, de la mano con éstos se justifican criterios restrictivos al pleno conocimiento del caso, sus actuaciones y evidencias, por parte del profesional (propuesto o ya presentado) en razones de seguridad o eficacia de la pesquisa, cuando en el fondo -como veremos- los verdaderos motivos son otros.
          Muy emparentada a la publicidad del proceso, ha recuperado vigencia práctica desde el modelo acusatorio la bilateralidad o control de partes, en un proceso pensado desde su concepción misma como “de partes”.[2]
            Por razones de resguardo de la eficacia de la investigación preparatoria, sea ésta instrucción formal (jurisdiccional) o llevada por la fiscalía, los códigos respetan la publicidad en esta etapa, pero condicionan el acceso y control sólo para quienes están en condiciones de ser parte legitimada, y sólo después de trascurrido el plazo del secreto sumarial o sus prórrogas.
           Así, el acceso al legajo o actuación sumarial nunca es irrestricto para cualquiera, desde luego no lo es para quien no sea parte (legitimada) durante la etapa de investigación, sobretodo en un procedimiento que sigue la inercia de uno de corte inquisitivo y burocrático.
            Sin embargo, no debiera ser así para los abogados matriculados en general, ello si releemos lo establecido en el artículo 57 segundo párrafo, de nuestra Ley 5177[3]: “Con  la  sola  exhibición  de  la  credencial  profesional,  el  abogado  o  procurador  podrá  examinar  y  compulsar actuaciones  judiciales  y  administrativas,  provinciales  y  municipales  y  registros  notariales.” Vale decir, no hace falta peticionar nada, la sola exhibición de la credencial sería condición suficiente para poder examinar la causa.
           Por otra parte, la norma del artículo 91 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires[4], refuerza y complementa esta idea, y faculta al abogado (pretenso) defensor  “...a examinar los autos antes de aceptar el cargo” (párrafo 3º). Ello por la sencilla y lógica razón de que no se puede aceptar algo sin antes conocerlo mínimamente de buena fuente. Esto ya no es cuestión de legitimación, ni del interés de parte, es el auténtico derecho del abogado de conocer la índole y el trabajo que le espera, en el momento justo de decidirse responsable y profesionalmente por aceptar o no el caso. Si enlazamos sistémicamente ambas normas, puede colegirse que ninguna petición formal es necesaria ni está exigida por ley para poder ver un expediente penal en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
           ¿Qué peligro procesal por hipótesis aventaría la obtención de una petición previa por escrito del abogado pretenso defensor? Si el propósito es la constatación de la identidad/idoneidad de quien desea asumir tal rol procesal, ¿Acaso no alcanza con la exhibición de credencial habilitante? Muchos -como quien escribe- quisiéramos saber si efectívamente para autorizar nuestra vista del expediente, se hace una llamada telefónica al colegio Departamental, o una rápida consulta vía internet. Sobre todo, cuando [infundadamente] sospechamos que dicha "autorización" es al solo efecto de ganar unos días para poner en orden el legajo. Si el fin fuese el registro de la identidad del solicitante por cualquier eventualidad futura o recaudos de seguridad, bastaría solo con llevar un registro, o dejar "nota" en el propio expediente, sin necesidad de demorar la vista de las actuaciones con una instancia de autorización, que a todas luces las leyes no establecieron. Por otra parte, tampoco se advierte la utilidad efectiva del previo registro y la demora de la autorización, si aun, pese a dicha instancia, la actuación de mala fe puede ser plenamente posible de todas formas.
               La calidad de pretenso defensor no es nada del otro mundo, se adquiere obviamente a través de la sola propuesta del interesado, incluso ésta ni siquiera requiere ser ‘formal’ en el proceso provincial vigente. Según el propio código (art. 89 in fine), es –y debe ser- a iniciativa e interés del propio imputado, quien “…podrá proponer defensor aun estando incomunicado y por cualquier medio o persona”, es decir, aún en forma verbal o por interpósita persona, sea ésta cualquiera, tal como dice la norma, sin necesidad de acreditar vínculo o parentesco alguno.
            Pero, a más de diecisiete años de la reforma del viejo código, cuyo modelo no contaba con los novedosos principios de bilateralidad (control de partes), publicidad y oralidad, quienes en estos últimos años litigamos en el conurbano y departamentos aledaños sabemos que esto nunca ha funcionado así, y que los criterios de excepción han sido, más bien, la regla general.
        En efecto, casi nunca es posible ver un expediente sin petición escrita previa, olvídense de la sola exhibición de la credencial. Es más, dicha petición puede que en algún caso sea rechazada, si resulta que ha sido suscripta solamente por el propio letrado, invocando la norma del mentado artículo 91. Suele aceptarse mansamente esta situación por nuestra parte, en la idea de mantener la buena costumbre del trato complaciente con quien –del otro lado del mostrador- está en posición de conceder o no algún beneficio a nuestro cliente (igual que antes, pero en distinto mostrador). Y no está bueno ni es conveniente –estratégicamente hablando- arrancar peleando. Pero está en cada uno resignarse a tales imposiciones localistas, o hacer valer la letra escrita de la ley.
            Por otro lado, variadas razones de seguridad, disponibilidad del expediente (siempre “a despacho”), horarios de oficina, pago de tasas, espacio físico, etc., seguirán tornando dificultoso el acceso a las constancias y efectos, aún para quien sea el letrado ya presentado en la causa.  Cualquier profesional conocedor del fuero sabe cuán difícil es leer seis o más cuerpos de doscientas fojas, parado uno en un reducido recinto que casi siempre no es más que un pasillo, donde uno rápidamente se corporiza en un auténtico estorbo pidiendo disculpas a todo aquel que quiera transitar. También es difícil hacerlo en un tiempo limitado, incluídos los horarios que se imponen –arbitrariamente- para la extracción de fotocopias, por ejemplo. Ello revela el trato dispensado al “expediente” como una suerte de propiedad privada, al cual el resto de las partes deben acceder lo mínimo posible y de la forma más incómoda. En un modelo cuya etapa preparatoria sigue siendo mayormente escrita, el legajo principal aparece como la suma de la verdad, la pura verdad documentada y celosamente protegida, cuando sólo debiera ser un simple registro informal de constancias preparatorias del futuro juicio.
            Pero las restricciones al pleno acceso y al carácter público sin visos de racionalidad no se agotan en arbitrariedades funcionales o en las deficiencias edilicias. A veces la ley escrita -aunque poco clara- también conspira con el ejercicio pleno del control de parte. 
             En nuestro régimen jurídico provincial, la existencia del expediente principal no obsta a la existencia paralela de legajos informales reservados, tal como lo preveía la propia ley Orgánica del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (Ley 12061/98, art. 56, hoy mantenido en el art. 75 de Ley 14442), legajo que “…se  individualizará,  registrará,  foliará  debidamente  y  será  secreto  hasta  la  audiencia  de ofrecimiento  de  prueba  para  la  realización  de  juicio.”[5] Queda claro que dicho legajo informal, mayormente compuesto de “simples anotaciones” como dice la ley, es cosa distinta y convive con la causa principal, conforme el propio artículo 58 de la ley derogada, hoy artículo 77 de la ley 14442.
         Cabe preguntarse –más allá de los buenos oficios interpretativos-[6] si la reserva que mencionaba el art. 33 de la Ley 12061, fundada en diversos motivos [7], debiera comprender al llamado 'legajo informal reservado' del art. 56 de la misma ley (actual art.75 Ley 14442), porque sabemos leer que este 'legajo reservado' es secreto –según ambas normas- hasta la audiencia de ofertorio de prueba, independientemente de toda consideración a los motivos que impusieron el secreto y por fuera de lo regulado en el Código procedimental. Es decir, el legajo reservado permanece secreto en cualquier caso, hasta la audiencia del art. 338 del CPP.
                Bien sabemos que el secreto sumarial (al solo fin de resguardar la eficacia investigativa) no es permanente ni absoluto: nunca puede impedir la comunicación del abogado con el imputado en los instantes previos en que sea necesaria la intervención actuada del segundo. Creemos también que la facultad del presidente del tribunal durante el juicio de ordenar la exclusión del imputado de la sala de debate y su traslado a dependencia contigua (por razones de seguridad y protección de la identidad de testigos, para preservar interés y el derecho de las partes, o la eficacia de la investigación) no podría convertirse en una forma de condicionamiento a los principios de publicidad y bilateralidad. El juicio es público, en principio y por sobre todo, para las partes involucradas en el mismo.
           Otra forma de cercenamiento del carácter bilateral y público del proceso, agotado ya el período de secreto sumarial (según el código procesal) y legitimado uno como "parte", lo constituyen las reglamentaciones informales o “criterios” restrictivos de acceso a constancias y evidencias, so pretexto de preservarse la integridad del documento o la inalterabilidad de su contenido. 
            Erigidos en verdaderos “códigos” paralelos, dichos criterios –encima de todo- nunca son uniformes, lo que a simple vista parecería indicar solo desorganización, cuando en realidad ello solo evidencia un fuerte recelo por parte de las agencias a brindar pleno acceso a las partes, menoscabando la bilateralidad y convirtiendo en letra muerta el estatuto que regula nuestra profesión.     
          Ello ocurre a menudo con toda negativa fundada en el supuesto “resguardo de la integridad de la evidencia” (por ej. la que deniega la copia de una video filmación grabada en disco compacto), o fundada en preservar la “inalterabilidad del contenido” (por ej. la que deniega obtención de imágenes del expediente mediante dispositivos portátiles), cuando en realidad la arbitraria decisión obedece a otros motivos[8].
        El acceso restringido cuando no debiera serlo, verdadero escollo que incluso con cierta sorpresa descoloca toda estrategia y previsión de nuestra parte, tarde o temprano termina perjudicando seriamente nuestra relación profesional-cliente. Nuestra capacidad de darle respuestas y brindarle un mínimo pronóstico de evolución del caso, a veces es pura ilusión, y generalmente nos convierte en vende-humos. 
            En estos tiempos de vertiginoso avance tecnológico, cuando el profesional dispone de medios para obtener imágenes de alta calidad a partir de un escáner portátil o teléfono celular, ello para suplir el burocrático trámite de petición de fotocopias, se hace más que nunca evidente el criterio restrictivo de impedirse el uso de estos aparatos en la mesa de entradas, en algunos casos so pretexto de posible alteración fraudulenta de los documentos originales o razón parecida. Muy por el contrario, son más importantes las razones que aconsejarían el buen uso de estos medios: a) Celeridad, ya que las imágenes se obtienen en el momento mismo de la consulta del expediente, sin necesidad de ningún otro trámite, b) economía de medios, ya que no hay que gastar papel ni ningún otro insumo ni ocupar a ningún empleado para custodiar el expediente, c) mayor seguridad, ya que el expediente nunca sale de la oficina pública, por mencionar algunas.
            Sin un acceso rápido y libre al expediente, a los elementos secuestrados, a las nuevas evidencias que se hayan agregado, durante la investigación o previo al debate, no hay posibilidad de planificación de una estrategia seria del caso. La justicia es lenta, y la Administración se empeña en imponer su lentitud al profesional, aunque éste se esfuerce en ser lo más diligente posible.
            Una señal de que esto puede estar cambiando lo constituye, al menos en la provincia, la acordada 2244/2015 de la Suprema Corte bonaerense, donde se recuerda a los magistrados y funcionarios de todos los fueros y al Ministerio Público sobre "..la facultad que poseen los letrados de acceder a las actuaciones en las que intervengan para su estudio y examen -sea mediante préstamo o en dependencias del mismo órgano según las posibilidades y la normativa afín- abarca la posibilidad de copiar contenidos de las mismas, sea mediante la toma manual de notas o con el empleo de otro medio tecnológico a cargo del interesado." En los considerandos, se aclaró además que las imágenes obtenidas con medios tecnológicos (cámaras, escáner, celulares) no están sujetas al pago de tasa alguna (a diferencia de, por ej., los testimonios) "...que requieran de una "actuación judicial" o "servicio de justicia", que son aquellas sobre las que debe tributarse una tasa determinada, sino que refiere simplemente al material de estudio imprescindible para un letrado que necesita acceder y obtener un registro de las actuaciones judiciales para su análisis y estudio a fin de ejercer su labor en cumplimiento de su función."
            Las garantías de la oralidad, publicidad y bilateralidad, son tributarias a la garantía de defensa en juicio, para conformar un proceso legal y transparente. Paulatinamente, con los avances de la época, va surgiendo la conveniencia de modificar prácticas instauradas propias de un sistema de excesiva burocracia, totalmente contrario a los nuevos paradigmas de la informalidad de los procesos. La tecnología viene a complementar o suplir el registro en papel, tal como se pretende lograr con las filmaciones de las audiencias, y todo lo relativo al novedoso programa del expediente digital. Ya no es un problema contar con esta tecnología, la tiene el Estado y también el profesional particular. El verdadero problema sigue siendo la postura facilista/conservadora del viejo modelo de gestión, resabios de un modelo en crisis que no quiere adaptarse a los cambios, no porque sí, sino con el fin de emparejar las cosas, emparejar lentitud, emparejar ineficiencia, a pesar del convencimiento público general de un servicio de justicia en total colapso.

Alejandro Alvarito




[1]   Desde la reforma de la ley 11922 del año 1998, con el plan piloto implementado desde el 4/7/98 en el Departamento Judicial de Mar del Plata.
[2]   La consideración del proceso en este sentido fue el espíritu que llevó en 1998 la nota de elevación del proyecto de código procesal penal para la Provincia de Buenos Aires (Ley 11922) por la comisión elaboradora, la que hizo referencia al modelo elegido definiéndolo como un  “proceso de partes”
[3]   Sobre el ejercicio y reglamentación de la profesión de abogado y procurador, T.O. por Decreto 2885/2001.
[4]   Ley 11922/98, (LA 1997-A-496).
[5]      También se da igual norma en la Ley orgánica del Ministerio Público de la Pcia. de Santiago del Estero (Ley N° 6924 art. 30.)
[6]    Sin embargo, según Resol. 403/06 del Fiscal Gral. de Morón Dr. Nievas Goodgate, la palabra 'reserva' del art. 33 de la Ley 12061 alude a todas las causas en estado de investigación penal preparatoria (IPP), y se dispone que el agente fiscal -salvo supuesto de secreto sumarial- debe permitir al letrado su consulta, previa petición por escrito.
[7]     De privacidad o seguridad de las personas, secreto de los asuntos públicos o eficacia de la investigación en curso según reza el actual art. 47 de la nueva Ley 14442-13.
[8]   Por ejemplo, el caso de las fotocopias de la causa y el destino de lo que se abonaba en tal concepto por tasa de justicia.





21 de noviembre de 2015

La Corte autoriza a los letrados la libre toma de imágenes de expedientes sin pago de tasa

Sumario: A través de la Resolución nº 2244/15, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia comunicó a los magistrados y funcionarios de todos los fueros y a la Procuración General que "..la facultad que poseen los letrados de acceder a las actuaciones en las que intervengan para su estudio y examen -sea mediante préstamo o en dependencias del mismo órgano según las posibilidades y la normativa afín- abarca la posibilidad de copiar contenidos de las mismas, sea mediante la toma manual de notas o con el empleo de otro medio tecnológico a cargo del interesado." En los considerandos, se aclara además que las imágenes obtenidas con medios tecnológicos (cámaras, escáner, celulares) no están sujetas al pago de tasa alguna (a diferencia de, por ej., los testimonios) "...que requieran de una "actuación judicial" o "servicio de justicia", que son aquellas sobre las que debe tributarse una tasa determinada, sino que refiere simplemente al material de estudio imprescindible para un letrado que necesita acceder y obtener un registro de las actuaciones judiciales para su análisis y estudio a fin de ejercer su labor en cumplimiento de su función."
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Resolución N° 2244/15
La Plata,  7 de octubre de 2015.-
VISTOS: Las circunstancias puestas en conocimiento de este Tribunal en relación a la obtención de fotocopias simples, fotografías o escaneo de actuaciones judiciales por parte de los letrados intervinientes en ellas y la importancia que reviste el empleo de medios tecnológicos en el ejercicio profesional y en la prestación del servicio de justicia; y
CONSIDERANDO: Que mediante la citada petición se puso en conocimiento a este Tribunal la existencia de dificultades por parte de los letrados intervinientes en actuaciones que tramitan por ante algunos órganos jurisdiccionales dependientes de este Poder Judicial para la obtención de fotocopias simples y/o fotografías y/o escaneo de las constancias que necesitan para el estudio de las actuaciones, en virtud de serles vedada esta posibilidad.
Que, para dar con dicho material, aún cuando las copias sean sólo para estudio del particular, se les exige a los abogados el pago de la tasa de justicia y su tramitación, a través del Archivo Departamental, lo cual acarrea un perjuicio significativo al letrado en virtud de los inconvenientes y demoras que ello ocasiona y, en consecuencia, entorpece el adecuado ejercicio de su profesión.
Que más allá de las exigencias de la Ley Impositiva 14.053/2013 y lo normado en consecuencia por el Artículo 127 del Acuerdo 3397, debe tenerse en cuenta que las copias a las que aquí se refiere no son "testimonios" ni tampoco las que requieran de una "actuación judicial" o "servicio de justicia", que son aquellas sobre las que debe tributarse una tasa determinada, sino que refiere simplemente al material de estudio imprescindible para un letrado que necesita acceder y obtener un registro de las actuaciones judiciales para su análisis y estudio a fin de ejercer su labor en cumplimiento de su función.
Que, por otro lado, no se advierte obstáculo legal que fundamente la prohibición de utilizar, para dicho registro, medios tecnológicos como el escaneado o fotografiado de la documentación. Así, la Ley 5177 -y el articulado concordante del Cap. I de la Resolución N° 854/73 de la Suprema Corte de Justicia- alude a la facultad del abogado a examinar los documentos, autos originales e instrumentos judiciales. Este examen del expediente conlleva obviamente la posibilidad de ser apuntado por el profesional sea manualmente, con papel y lápiz, o por qué no, mediante el empleo de otros medios como los antes referidos, a cargo del interesado.
Que analizada la situación planteada, se advierte la necesidad de dictar una norma que, fuera de aquellos supuestos reglados por el Artículo 127 del Acuerdo 3397, asegure a los letrados la libre obtención de copias a su cargo mediante el empleo de la tecnología que considere apropiada, facilitándoles así, con adecuado resguardo de las actuaciones, la obtención del material de estudio para un adecuado ejercicio de su profesión.
POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en ejercicio de sus atribuciones,
RESUELVE:
Artículo 1°: Hacer saber a los titulares y funcionarios de Juzgados y Tribunales de todos los Fueros e instancias de este Poder Judicial que, la facultad que poseen los letrados de acceder a las actuaciones en las que intervengan para su estudio y examen -sea mediante préstamo o en dependencias del mismo órgano según las posibilidades y la normativa afin- abarca la posibilidad de copiar contenidos de las mismas, sea mediante la toma manual de notas o con el empleo de otro medio tecnológico a cargo del interesado.
Artículo 2°: Recordar a los magistrados y funcionarios que, cuando un profesional requiera la vista del expediente en uso de las facultades enunciadas en el artículo 1°, corresponderá facilitarles el material de estudio, procurando arbitrar las medidas necesarias de modo que no se entorpezca el normal funcionamiento del órgano judicial y se garantice la debida conservación de las piezas originales conforme lo normado en Resolución N° 854/73.
Artículo 3°: Poner en conocimiento de lo aquí resuelto a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 4°: Registrar y comunicar vía correo electrónico de los órganos jurisdiccionales de todos los fueros.
FIRMADO: JUAN CARLOS HITTERS, LUIS ESTEBAN GENOUD, HILDA KOGAN, EDUARDO NESTOR de LAZZARI, DANIEL FERNANDO SORIA, NESTOR TRABUCCO, Secretario.



28 de octubre de 2015

Cuarta Jornada de Estudio del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación

El último encuentro correspondiente al 28 de octubre de 2015, de 14:30 a 17:00, será en el edificio central de Tribunales de Morón.

Serán disertantes el Dr. Mariano Cúneo Libarona-Abogado Particular, Dr. Diego Bonnano-Juez Tribunal Oral 3 Morón y Miembro del Consejo de la Magistratura, y el Dr. Oscar De Vicente-Secretario Vocalía I Sala II de la CNCP.





Desde el Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de Morón, conjuntamente con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón, se organizaron las Jornadas de análisis del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063), las que contaron con respetados disertantes expertos en la materia.

Aún queda la posibilidad de sumarse a la última del 28 de octubre, de 14:30 a 17:00, en el edificio central de Tribunales de Morón. Es una actividad no arancelada para matriculados del CAM. Se otorgarán certificados a aquellos que cumplan con el 75% de asistencia.

Para más información puede acceder aquí.

26 de octubre de 2015

Tercer encuentro de las Jornadas de estudio del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación


El último encuentro será el 28 de octubre de 2015, de 14:30 a 17:00, en el edificio central de Tribunales de Morón.
El miércoles 22 fueron disertantes los Dres. Mariana Maldonado, Matías Rappazzo, Ricardo Malvicini y Oscar Rombola. Participó de la jornada el Presidente del Colegio de Abogados de Morón, Dr. Jorge Barberis.





Las Jornadas de análisis del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063), versan sobre el cambio radical que ha experimentado el proceso penal, un cambio profundo, un cambio de mentalidad, un paso del sistema mixto –inquisitivo en la instrucción y acusatorio en el plenario-, por uno sistema procesal puro y netamente acusatorio. Un cambio de paradigma, donde la protección y salvaguardas de los derechos constitucionales -no solo del imputado sino también de la víctima- no caen en saco vacio, como ejemplo de ello tenemos la determinación exacta del plazo de la prisión preventiva al que puede estar sometido una persona.

Las Jornadas aspiran a analizar el nuevo sistema donde no es ya el Juez el actor central de esta obra que es el proceso, la investigación estará a cargo de un órgano que dotado de autonomía e independencia llevara adelante la pesquisa, el hasta ahora relegado Ministerio Publico. Esta figura (la fiscalía) respetando los principios rectores del sistema impuesto; tales como la desformalización, la oralidad, la inmediatez, la desacralización, y la igualdad -los que agilizaran mas la investigación- será el encargado de la instrucción, la que contara con una participación activa de la defensa y de la víctima en las audiencias, a los que se suman como legitimados la llamadas ONG´s.

"Como veremos el CPPN no hace más que actualizarse y adecuarse al texto de la Constitución Nacional, a más de sumarse a las corrientes procesales, instauradas en América latina luego del restablecimiento democrático en dicho territorio. Es por ello que celebramos el cambio de sistema y los invitamos a que lo conozcan y participen de estas jornadas más que importantes, para el desarrollo profesional como para el conocimiento de la materia", sostuvo el Dr. Juan Antonio Navarro, Director del Instituto de Derecho Procesal Penal del CAM.

Para informes e inscripción puede acceder aquí

Se inauguraron las Jornadas de Estudio del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación


El pasado miércoles se dio inicio a las jornadas que continuarán los días 14, 21 y 28 de octubre de 2015, de 14:30 a 17:00, en el edificio central de Tribunales de Morón. Es una actividad no arancelada para matriculados del CAM.





Quedaron inauguradas formalmente las Jornadas de análisis del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (Ley 27.063), las que contarán con respetados disertantes expertos en la materia. Organizadas por el Instituto de Derecho Procesal Penal, conjuntamente con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón, se convoca a todos los interesados en el proceso penal quienes pueden sumarse todos los próximos miércoles de octubre.

En el acto inaugural el salón estaba colmado, participaron las autoridades de las Instituciones organizadoras, funcionarios del Poder Judicial, matriculados y estudiantes universitarios.

El discurso de apertura estuvo a cargo del Dr. Matias Rapazzo, Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón, quien agradeció la convocatoria y resaltó la importancia de realizar actividades conjuntas desde el Colegio y la Asociación de Magistrados.

Luego tuvo la palabra el Dr. Jorge Rodriguez, Juez Federal y también coordinador de las Jornadas, quien puso énfasis en la dedicación que hubo en armar unas jornadas que pudieran satisfacer los intereses tanto de los matriculados como de los empleados del Poder Judicial, para lo cual se convocó a un panel de excelencia, resaltando en papel primordial que tuvo la Universidad de Morón en la formación de los profesionales que disertaban, ya que muchos de ellos eran egresados de dicha casa de altos estudios.

Por último, el Dr. Juan Antonio Navarro, Director del Instituto Procesal Penal del Colegio de Abogados de Morón, agradeció al CAM y a la Asociación de Magistrados. Hizo mención a la importancia del cambio de paradigma que presenta el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, para el ejercicio del abogado de la matrícula y de cómo esto iba a generar cambios positivos en el accionar diario.

Luego, iniciaron formalmente las Jornadas que contaron con la disertación de la Dra. Angriman, quien hizo un relato sobre la evolución histótica el proceso penal, desde la era greco romana hasta la actualidad, haciendo hincapié en los diversos cambios de sistema penal que se fueron dando, a razón de la evolución social, siendo esto disparador del sistema acusatorio que se implementa en el nuevo código.

Después, dió paso la intervención del Dr. Carlos Micelli, Defensor Oficial, quien desarrolló el principio acusatorio en el nuevo código Procesal Penal de la Nación.

Las jornadas continuarán los días 14, 21 y 28 de octubre de 2015, de 14:30 a 17:00, en el edificio central de Tribunales de Morón. Es una actividad no arancelada para matriculados del CAM.

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