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10 de octubre de 2013

Jornada de Derecho Penal y Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires celebrada en la Universidad Nacional de La Matanza

El instituto en día martes 8 de octubre concurrió a la jornada de derecho penal y procesal penal de la provincia de buenos Aires, celebradas en la Universidad de La Matanza, razón por la cual no se ha
celebrado la reunión habitual de los 2dos martes. En otro orden, queremos compartir a uds. la satisfacción por la importante participación que tuvo el colegio representado por el Instituto de Derecho procesal penal, ya que concurrieron al evento académico los miembros activos Dras. Mariela V. Perez, Dra. Carla Miguez, Dra. Elena Cárdenas, Dra. Marta Veliz, Dr. Gaston Sasson, Dr. José Luis Borques, Dr. Fernando Cuellar, Dr. Ariel Peralta, Dr. Santiago Reyes, Dr. David Sandoval, Dr. Alfredo Corkish, el Director Adjunto Dr. Alejandro Alvarito y el Director del Instituto Dr. Juan Antonio Navarro.

Dra. Maria del Carmen Falbo
En la ocasión disertaron entre otras presencias destacadas, la Procuradora General Dra. María del Carmen Falbo, quien entre otras cosas resalto el punto de no retorno del proceso de transformación y consolidación del Sistema acusatorio en el proceso penal provincial. Señaló que restan por cumplirse ciertos objetivos, como lograr la oralidad plena y evitar la delegación de funciones. Asimismo destacó la importancia creciente del dominio por parte de los operadores judiciales de las técnicas de Litigación oral, mucho mas hoy con la implementación legal de la manda constitucional del juicio por jurados, que impone a todos un desafío y un cambio cultural.

Asimismo señalamos la importancia de las palabras del Ministro de Justicia Dr. Ricardo Casal, quien advirtió del temor a los cambios en clara referencia a la adopción al juicio por jurados como una forma
Dr. Ricardo Casal
de acercamiento de la justicia a la gente.
Dentro del mismo panel, la distinguida disertación del Dr. Andrés Harfuch cuya ponencia proponía como título "Impacto en el nuevo diálogo con la ciudadanía y en la práctica cotidiana de litigación" apuntó a destacar la relevancia de este logro tan procurado y ansiado desde tiempo atrás, que impone la urgente capacitación de los operadores -incluidos los magistrados- en función de lograr los cambios necesarios para adaptar el diálogo tecnicista al entendimiento del ciudadano común, cambios que para el Defensor Gral. de San Martín sí provocan resistencia más que temor, por parte de quienes son más conservadores de las prácticas instauradas del viejo sistema.

En otro orden de ideas queremos compartir que por gestiones realizadas por el Dr. Navarro con integrantes del equipo del Ministro de Justicia asistente al evento, se gestionó el compromiso de realizar una jornada dedicada al juicio por jurados y que poniendo en práctica un viejo anhelo del Instituto, realizaremos dicha actividad puertas afuera del colegio llevando a cabo la misma, en principio, en la Universidad del Oeste de la localidad de Merlo, para lo cual se dará inicio a las gestiones de estilo.


1 de octubre de 2013

Próxima charla sobre los Recursos en el proceso penal a realizarse en noviembre





26 de septiembre de 2013

JORNADA DE DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA MATANZA

15 de septiembre de 2013

Senado provincial aprueba proyecto de ley de Juicio por Jurados





El juicio por jurados bonaerense
Tribunales populares
Sesión de este jueves donde se aprobó el juicio por jurados
Sesión de este jueves donde se aprobó el juicio por jurados
Foto: Senado de la provincia de Buenos Aires
El proyecto que establece la institución del Juicio por Jurados en Buenos Aires fue aprobado por la Senado provincial este jueves. Los lineamientos principales de la iniciativa. La opinión a Diario Judicial del titular de la Cámara de Casación de La Plata, Federico Domínguez, y del director del Programa de Juicio por Jurados del INECIP, Andrés Harfuch.
Tres veces fue solicitado en modificaciones a la Constitución nacional. Muchos simulacros y la experiencia de Córdoba fueron necesarios para que el debate se abra en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, después de muchas discusiones y borrones del proyecto original, la Cámara Alta bonaerense sancionó la ley que establece el instituto del Juicio por Jurados.
 
A fines del año pasado, con varios meses de debate, se logró la media sanción de la iniciativa en la Cámara Baja provincial. Entonces, el secretario del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Fernando Levene, afirmó que “nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que el imputado pueda elegir si es juzgado por un jurado o un juez regular, pero hay cuestiones como el hecho de si estos tribunales deben estar compuestos de manera mixta o personas que pertenezcan solo al lugar donde se cometió el ilícito”.
 
La propuesta establece que los doce jurados titulares tendrán seis suplentes. Todos ellos deberán representar a los “diversos sectores existentes en la comunidad”. A su vez, este grupo no constituirá un “tribunal colegiado ni un juez o tribunal letrado de los aludidos por los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial”.
 
No podrán formar parte del jurado “quienes se desempeñen en cargos públicos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo o en los entes públicos descentralizados y quienes ejerzan la magistratura u otras funciones en el Poder Judicial o el Ministerio Público; los integrantes de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; los abogados, escribanos y procuradores; (...) y los condenados por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal".
 
A esta parte, y con la novedad legislativa, Diario Judicial volvió a dialogar con especialistas en la materia. En este caso, el presidente de la Cámara de Casación de La Plata, Federico Domínguez, afirmó que “es un gran avance y por primera vez se cumplen los mandatos constitucionales reiterados en tres reformas a la Carta Magna. Lo veo como algo muy positivo y constituye una parte de la verdadera democratización de la Justicia”.
 
En este orden de ideas, el camarista alegó que “ahora el que dicta la sentencia es el pueblo. La decisión del juez y la responsabilidad del fiscal a la hora de probar el caso son dos elementos importantes al mismo tiempo”. Al mismo tiempo recordó la importancia de que la constitución del jurado sea “pura”, como la que se lleva a cabo en países como Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda.
 
En relación a la posibilidad de poner en marcha cuanto antes el nuevo sistema, el juez alegó que “depende de los presupuestos, pero lo esencial es que esté la norma, lo demás forma parte de la voluntad política del Poder Ejecutivo que entendemos que existe porque es desde allí que partió el proyecto. Pero la puesta en funcionamiento no es algo muy complicado porque la estructura está, creo que todo puede llegar a estar en orden en seis meses”.
 
En este sentido, Domínguez recordó que los magistrados deberán hacer “mucha docencia, porque también tienen a su cargo brindar los lineamientos normativos a los integrantes del jurado para que entiendan qué clase de caso están tratando”. Al mismo tiempo, observó que “se pueden hacer algunos señalamientos sobre las facultades de algunos órganos, pero más allá de eso la iniciativa es muy positiva”.
 
Por su parte, Andrés Harfuch, director del Programa de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), destacó que “fue un hecho histórico la aprobación de la propuesta. Más allá de algunos reparos que nosotros mismos hemos tenido, el proyecto es muy bueno y muy coherente, y brinda muchas innovaciones para nuestro país en materia jurídica”.
 
“Una de estas novedades es que el veredicto de prisión perpetua debe ser unánime. Y por supuesto, es importante aclarar que, al contrario de lo que muchos opinan, esto no implica que no se dictarán este tipo de condenas porque está largamente probado en los países donde se aplica el Juicio por Jurados que no es así. Esto le da mucha fuerza a la sentencia, y por primera vez se ha dejado atrás un incumplimiento constitucional que ya podía considerarse ignominioso”, expresó Harfuch.
 
Con respecto a la implementación, el letrado precisó que “la ley es muy clara, el Ejecutivo ha sido muy claro, todos los departamentos judiciales tienen salas de audiencias, así que no hay ningún impedimento de tipo burocrático que haga que no se pueda entrar en funcionamiento de forma inmediata tras su promulgación. Seguramente en siete u ocho meses comience a andar todo, pero ese tiempo nos servirá para capacitarnos”.
 
Finalmente, el abogado precisó que “esta noticia ha explotado como una bomba en todo el país donde ya se están animando a estos debates. Esta discusión se ha impuesto con mucha fuerza, en Neuquén ya se votó y en Chubut y Río Negro lo más probable es que la discusión parlamentaria arranque en octubre”.

Fuente: Diario Judicial

24 de julio de 2013

El rigorismo reglamentario como obstáculo para el recurso de apelación extraordinario ante la Corte

En el artículo que a continuación fielmente se reproduce  (publicado en el sitio web "Informador publico") con fina y autorizada crítica, que algunos podrán hasta tildar de mordaz, su autor explica perfectamente cómo el acceso a la máxima instancia a través del conocido recurso extraordinario federal -acudiendo a alguno de los supuestos del art. 14 de la Ley 48 (ALJA 1853-958-1-114) y con las limitaciones de dicha ley y las normas del CPCCN- ha quedado seriamente restringido en la práctica, amén de esos requisitos legales, con el posterior dictado de la Acordada CSJN Nº 4 del año 2007, esto con variados obstáculos de índole puramente formal -límite de renglones, límite de fojas, etc. etc.- que no son otra cosa que sucesivas vallas a sortear por el litigante, seguramente sólo enderezadas a descongestionar la labor del alto tribunal, en un indudable intento -política de gestión- de desalentar a todo aquel que (tal vez) considere, al menos probable y conveniente, obtener un pronunciamiento que salvaguarde sus más fundamentales derechos y garantías. 
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Los requisitos para el recurso extraordinario

Mayo 31, 2012

Por Guillermo Tiscornia



Aplicación práctica de la acordada N° 4/2.007 CSJN.

1. Que en tiempo y forma -y de acuerdo a lo preceptuado en los arts. 256 y 257, 285 y cdtes. del CPCCN
– tocó a este comentarista- y en un caso relacionado a mi propia actividad profesional- interponer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una formal reposición contra una sentencia por la cual el Alto Tribunal resolvió declarar inadmisible la queja oportunamente interpuesta, con pretextado y aparente fundamento en que no se habría dado en ese caso cabal cumplimiento a lo estipulado por el art. 4 de la Acordada CSJN N° 4 del año 2.007.

2. La impugnación formulada en el caso comentado resulta, en el plano del discurso jurídico, decididamente procedente en virtud de la naturaleza misma de la cuestión federal invocada y por tratarse de una sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa; esto es, la Cámara Nacional de Casación Penal (conf. art. 491 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación).

3. Como bien se sostiene en el voto minoritario suscripto en la emergencia comentada por el señor Ministro de la Corte de Suprema de Justicia doctor Eugenio R. Zaffaroni, a la sazón uno de los dos especialistas en asuntos criminales en el Alto Tribunal, no se verifica -en puro rigor de verdad- ningún tipo de incumplimiento a las formalidades especificadas por la Acordada en cuestión. Y quien lo dice es justamente un jurista internacionalmente reconocido por su actividad científica y académica en el ámbito del Derecho Penal. Va de suyo que el doctor Zaffaroni opinó en el sentido que debía conferirse vista de la queja articulada al señor Procurador General de la Nación, como paso previo a evaluar acerca e la procedencia o no del remedio federal intentado.

4. El asunto arribado a conocimiento de la Suprema Corte consiste en un caso que involucra el derecho criminal; se trata de una sentencia definitiva, donde, en dos instancias inferiores al Alto Tribunal, recayó un veredicto -mayoritario- de condena hacia el imputado; dos jueces, en disidencia, en esas dos consecutivas instancias, se inclinaron por un veredicto absolutorio respecto del mismo justiciable. O sea se trató de un caso que suscita, en el marco del mismo discurso jurídico, opiniones y valoraciones encontradas.

5. De hecho, el voto mayoritario siquiera se tomó la molestia de especificar cual o cuales habrían sido las formalidades supuestamente inobservadas respecto de la Acordada en cuestión, lo que por sí solo torna arbitrario y por ende nulo lo así decidido, por aquello de lo normado por los arts. 123 y 404 inc. 2 del CPP, conforme la ley 23.984. La Suprema Corte, en los hechos, y a juzgar del voto mayoritario, proclamó su propia auto exclusión de un básico e inexcusable deber de logicidad y de fundamentación, en claro y olímpico avasallamiento a la garantía derivada del principio de racionalidad de los actos de gobierno (arts. 1, 27 y 31 CN), lo que, a su vez, rompe con una elemental lógica de un sistema democrático que se precie de tal. Ni que hablar de la denominada garantía innominada de razonabilidad, brillante por su ausencia en la emergencia del caso aquí comentado.

5. En este orden de ideas, el mismo Máximo Tribunal hubo comentado ( y en la emergencia comentada seguramente olvidado) que: “…con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa…” (Fallos: 314:346).

6. Frente a la ley injusta debe primar la Constitución (cfr. Juan B. Alberdi, “Bases”, Bs. As., 1959, págs. 250 y s.s., nro. XXXIII, Hamilton, Madison y Jay “El federalista o la nueva constitución”, México, 1943, págs.337 y s.s., LXXVII, Corte Suprema de los Estados Unidos en caso “Madbury Vs. Madison”, 5US (Cranch) 137 del 24/02/1803).

7. Dice claramente Juan Francisco Linares (“El debido proceso como garantía innominada de la Constitución Argentina-Razonabilidad de las leyes”, Bs. As., 1944, pág.145) que “…toda norma constitucional de competencia legislativa, queda integrada por una norma que implícitamente dice: “Todas las leyes del Congreso y legislaturas provinciales deben ser razonables”. Lo que significa que lo razonable se identifica con principios de Justicia, ya que razonable (del latínrationabilis) es adjetivo que significa: arreglado, justo, conforme a la razón (cfr. Segundo V. Linares Quintana, “Reglas para la interpretación constitucional”, Bs.As. 1988, pág.126).Pues tal como indica el mencionado precedente, “…para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homineque impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal”.

8. Retomando el asunto referido a la aplicación práctica (en el caso comentado) que suscita la alambicada Acordada N° 4/2.007, y de estarse al voto mayoritario, se trata -a no dudarlo- de una formulación dogmática producto del exclusivo antojo de los señores Ministros que votaron en sentido mayoritario, tornando en arbitrario el pronunciamiento, al verse en crisis un mas que elemental deber de logicidad y de fundamentación, exigible en el dictado de todo tipo de decisión judicial.

9. El exceso de rigor formal advertido en el caso bajo comentario, torna aplicable la doctrina consagrada por el propio Alto Tribunal (CSJN caso “Camuzi Gas Pampeana S.A.”) que hubo definido la procedencia de una reposición al haber advertido acerca de un exceso de rigor formal (Fallos: 313:786 y 327:2997); y se hubo definido acerca de la improcedencia de un exceso de prudencia que conduce a soluciones claramente disvaliosas, impidiendo donde se ventila un asunto de naturaleza específicamente penal la averiguación de la verdad objetiva.

10. Otro precedente del mismo Alto Tribunal (“Arzua, Horacio Ricardo Mario contra Estado Nacional, Administración de Parques Nacionales res. 11 del año 2010) refirió que: “Que si bien el escrito que contiene el recuso de queja no satisface los recaudos establecidos en el art.4 de la Acordada N° 4 del año 2007, el incumplimiento se circunscribe a un exceso de once renglones respecto del máximo permitido por la norma. En razón de lo expuesto, y de lo resuelto por esta Corte en el caso “Schnaiderman, Ernesto Horacio contra Estado Nacional, Secretaria de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nacional (Fallos: 331:735), corresponde, a fin de no incurrir en un exceso de rigor formal, admitir el planteo de la recurrente”.

11. En esa misma línea el Alto Tribunal se expidió en el precedente “Bustos, Jorge Alberto contra Ministerio de Economía, Secretaria de Hacienda”, B. 886.XLIII.

12. Tratándose como sucede en el caso bajo comentario de un asunto que involucra una cuestión criminal, vale recordar que es condición de un acto jurisdiccional que el mismo sea conclusión razonada y motivada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en el caso (CSJN Fallos: 236:27 y otros); a su vez, nada excusa la indiferencia de los jueces respecto de la objetiva verdad, por cuanto la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de la justicia; al respecto vale la cita del precedente del Alto Tribunal “Colalillo contra España y Río de la Plata Cía. De Seguros” (25/09/57).

13. La misión judicial, se hubo reiteradamente sostenido, no se agota con la mera remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores, no pueden prescindir de la “ratio legis” y del espíritu de la norma. Y desde esta perspectiva la decisión recaída en forma mayoritaria conlleva a una renuncia consciente a la verdad.

14. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación por acordada 4/2007 reguló el modo de presentación de los recursos extraordinarios y las quejas provocadas por su denegación.

15. Lo hizo con aparente sentido común. Limitando la extensión de los escritos, exigiendo cierta información en un formulario, especificando qué deben desarrollar los abogados en cada escrito, determinando las copias que deben agregar con la presentación, etc. Se creo un esquema burocrático donde se cercena con límites aritméticos el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.

16. La comodidad que trae aparejada para las Supremas Excelencias deviene indisimulable: todo el vasto universo de casos -no importa la distinta complejidad, especificidad o extensión del asunto- debe sintetizarse en pocas páginas; no fuera cosa de agotar más de la cuenta la lectura y atención de Vuestras Excelencias.

17. El problema consiste en discernir si lo dispuesto por la acordada, en lugar de ayudar a la tramitación de los procesos, se transforma en un límite exacerbadamente formal para que los litigantes logren soluciones justas, acordes con el derecho federal que la Corte debe tutelar. (Porque es bueno recordar: la Corte solo debe expresarse sobre el derecho federal, no sobre todo lo sea materia jurídica; es más, cuando interviene ante sentencias arbitrarias lo hace protegiendo derecho federal: el art. 18 de la Constitución).

18. Y ello ocurre si la Corte, en lugar de ponderar con razonabilidad el cumplimiento de los recaudos, los transforma en una valla a sortear y, por ejemplo, si el abogado hizo una nota a pié con letra inferior a tamaño 12: rechazado el recurso; si se omitió una copia, en lugar de intimar (como prescribe la doctrina de los arts. 120 y 285 del Cód. Procesal): rechazado el recurso; si en lugar de 40 páginas se usaron 41: rechazado el recurso, etc.

19. Si así ocurriera, la Corte, en lugar de ser custodio en los procesos judiciales de las garantías constitucionales, se transformaría en un mero autómata contabilizador de páginas y renglones. Resultaría francamente patético.

20. No es dable ingresar en el debate acerca de si la Corte está legitimada para trazar y establecer vía una acordada la exigencia de requisitos formales justificativos de denegación del recurso que no surgen precisamente del dictado de la ley en sentido formal. Aspecto éste que desde luego no es aspecto de menor cuantía. Y una reflexión que va de la mano es que el Alto Tribunal deje de legislar. (No es su función).

21. Si la Corte cree que la cantidad de expedientes a resolver la desborda estructuralmente, tal vez deba limitar con su propia discreción (art. 280 del Cód. Procesal) su intervención, pero parece de mal gusto hacerlo en una suerte de competencia de formalismos donde hacen recaer las culpas en cabeza de los castigados letrados, que dejan de ser profesionales que abogan por la protección de derechos individuales de los ciudadanos, para convertirse en un simple oficinista aplicado que cuenta renglones, espacios, márgenes, etc.

22. También se sugiere respetuosamente que en lugar de establecer límites de renglones, páginas, y tipos de espacios, refiera la Corte a la extensión por caracteres: evitaran que los abogados abusen del punto y seguido. (El punto y aparte hace perder un renglón).

23. Hay que admitir que los errores que vienen el tribunal superior de cada causa obligan a la Corte a intervenir por arbitrariedad. Pero, en lugar de seleccionar por la aplicación del abogado de la parte para el uso (estricto) de los 26 renglones en tamaño 12, tal vez sea más acorde con la evolución de la civilización jurídica crear una casación federal a las Cámaras de Apelaciones de la Capital Federal, o “provincializar” a los tribunales nacionales de Capital Federal, de modo que el Tribunal Superior de la Ciudad sirva de tribunal intermedio. Así se lograría el mismo objetivo: achicar la cantidad de casos que llegan para que la Corte vea si el derecho común o local ha sido tan mal aplicado que llegó a afectar una garantía federal (la del debido proceso). Savigny, en este punto, recordaría la doctrina emergente del procedente del propio Alto Tribunal “Colalillo” (25/09/57).

24. Otra consecuencia derivada de la aplicación práctica de la Acordada 4 es la verdadera revolución que ha ocasionado en la dogmática del derecho constitucional.

25. Lo más complejo del derecho constitucional pareciera que ya no consiste más en administrar los ámbitos de la libertad y de la eficiencia, y así lograr el control efectivo de los poderes fácticos permitiendo la expresión de las mayorías y las minorías, y facilitar el acceso a la justicia social. Ahora lo relevante en la Academia Constitucional sugiere que un conflicto fáctico y normativo sea explicado en no más de 40 páginas (menos la carátula, según autorizada doctrina) en letra no menor de 12, en 26 renglones, incluidas las notas a pié. No importa la diversa extensión y complejidad del amplio universo de los asuntos llegados a la esfera del Alto Tribunal.

26. Se suscitan entonces en el ámbito de la doctrina especializada debates decididamente apasionantes, esto es, se discute apasionadamente si la numeración de página es o no un renglón a los fines de contar 26. La mitad de la biblioteca, basada en Von Ihering, lo incluye, la otra mitad, (Savigny), no: el problema es que Justiniano no fue terminante al tratar el tema.

27. He revisado los ilustres intérpretes. Y nada han dicho al respecto, por ejemplo, ni Bartolo de Saxoferrato ni tampoco el ilustre Cino Da Pistoia; ni tampoco los glosadores, y menos los post glosadores. Menos aun he encontrado respuestas en las recordadas Institutas de Gayo. No dude el estimado lector, se trata de toda una auténtica frustración.

28. Sin duda que el ensayista Jean-Claude de Gillebaud (“La traición a la ilustración”) hubiera encontrado materia más que fértil a partir de las apasionantes vicisitudes que emergen de la subida trascendencia institucional que, a su vez, derivan de la aplicación práctica de la Acordada N° 4/2.007 CSJN.

29. Ni que hablar de la amplia cobertura que aquel formidable pensador francés, ya desparecido, Jean F. Revel (“El conocimiento inútil) le hubiese -con certeza- dedicado a esta misma relevante y no menos apasionante cuestión.

30. En otro tiempo y distinto lugar el recordado poeta español Francisco Quevedo Villegas, supo acuñar una máxima inolvidable:”Donde no hay justicia es peligroso tener razón…”. Desde luego, y que quede bien en claro al estimado lector, nada de eso sucede -ni por asomo- ni tampoco se verifica en los tiempos que corren y menos aun en el consolidado esquema democrático de la República Argentina del siglo XXI.

31. En la cruenta Francia en que le tocó vivir, Jean Paul Sastre deslizó: “El juez es un verdugo estilizado, lo que sucede es que la Justicia está en manos de los hombres”.Tampoco esa reflexión podría tener cabida en la misma República Argentina de tiempo presente.

Guillermo J. Tiscornia
Ex juez en lo Penal Económico

9 de julio de 2013

Jornada sobre simulacro de debate realizada en tribunales

El 25 de Junio pasado finalizó con éxito el curso de iniciación año 2013, con la proyectada teatralización de la audiencia del debate oral, coordinada por este Instituto y facilitada en su realización gracias a la gestión y apoyo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Morón, a cuyas autoridades ofrecemos nuestro reconocimiento.

En la ocasión han intervenido magistrados, funcionarios del Ministerio Público e integrantes del Instituto, como también la destacada colaboración de colegas de la matrícula.

Agradecemos en especial la colaboración de los señores jueces doctor Diego Bonano y doctor Claudio José Chaminade, de los señores fiscales doctores Adrian Flores y Patricio Pagani, como tambien la participación del señor defensor oficial doctor Oscar Rombolá. Asimismo agradecemos la participación de los destacados colegas de la matrícula doctor
Ricardo Malviccini (ex Director de este Instituto) y doctor Daniel Cavo, en sus distintos roles desplegados.

También merece especial mención y agradecimiento, la participación de los miembros del Instituto en la
puesta en marcha y colaboración del evento, quienes también en sido parte de la actuación y despliegue escénico de los distintos roles asignados dentro de la audiencia del debate oral elegida como caso ejemplar.

Sin olvidarnos de nuestro reconocimiento y agradecimiento a los colegas que han asistido al evento, quienes desde ya quedan invitados a asistir a los futuros cursos y charlas a dictarse en la segunda mitad del año.

21 de abril de 2013

OPINIONES ANTE LA REFORMA JUDICIAL IMPULSADA POR EL GOBIERNO

Nota publicada en MinutoUno.com
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El juicio por jurados, la gran herramienta democratizadora



Miembro de la Junta Directiva del INECIP, Guillermo Nicora, analiza el proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno nacional. Plantea que a pesar de las buenas intenciones, dejó una suerte de "sabor a poco".
Escribe Guillermo Nicora (*)

La reforma judicial propuesta por el gobierno nacional es desgraciadamente mucho menos que lo que esperábamos. Cuando hablamos de democratización de la justicia lo primero en que se piensa es en el juicio por jurados, que constituye la medida democratizadora por excelencia. Está en la Constitución Nacional desde hace más de 160 años y es lo que en su momento previeron los constituyentes para garantizar la participación popular en la justicia.

Si el gobierno sospecha, y creemos que a veces tiene razón, que hay algunos jueces demasiado sensibles a las presiones e intereses de las corporaciones, el juicio por jurados elimina este problema porque el que decide es el pueblo, ya no es más el juez. El jurado en todas las ramas del derecho, tal como lo dice el artículo 24 de la Constitución Nacional es la medida democratizadora y cuando uno piensa en transparencia y en comunicar todo lo que hace el Poder Judicial, en hacerlo visible, lo primero en lo que se tiene que pensar, y esto se sabe desde hace ya muchos años, es en hacer audiencias orales y públicas para todos los procesos, para todas las instancias del proceso. Esta es la medida que transparenta mejor que ninguna otra.

Estas dos primeras herramientas para democratizar y hacer visible la justicia, creemos son las primeras que se deberían haber tomado pero desgraciadamente ninguna de ellas está incluida en el proyecto de reforma.

Por otra parte, si bien creemos que efectivamente el Consejo de la Magistratura debe ser cambiado, creemos que debe ser cambiado en otro sentido. Hay que achicarlo y no agrandarlo y por supuesto hay que aportarle participación popularEs más, en la actualidad la Constitución Nacional y sin necesidad de ninguna reforma permitiría que los científicos y académicos sean elegidos por la voluntad popular para integrar el Consejo de la Magistratura. Inclusive no está establecido cuál es su número y tranquilamente podrían equilibrar los poderes corporativos. 

Se mantendría, tal como dice la Constitución la representación de los jueces y los abogados, que deben ser elegidos por jueces y abogados, pero no por las asociaciones, sino los jueces o abogados como distritos únicos, con la premisa un juez o un abogado, igual un voto. De esta manera se democratiza con mayor fuerza y podrán sentirse representados muchos jueces –tal como puede verse con la enorme adhesión que tiene el movimiento Justicia Legítima- que no están de acuerdo con estas armas del establishment y de la corporación judicial. Del mismo modo podrían ser elegidos los abogados y luego sí, los científicos y académicos por medio del voto popular.

El aumentar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, con todos sus procedimientos burocráticos, lo único que va a lograr es retardar aun más la justicia.Además creemos que esta iniciativa va a enfrentar muchos cuestionamientos acerca de su constitucionalidad o no. Es que cuando en la Constitución Nacional se habla de representación de los estamentos de jueces y abogados no se refiere a la representación del pueblo con personas que trabajan como jueces o abogado, sino la representación de los jueces y abogados, por lo que no estaría estrictamente apegada a lo que marca la Carta Magna. Pero aun cuando pueda superar este escollo creemos que se va a convertir en un órgano como los anteriores, anquilosado, lento, pesado y burocrático en el que va a terminar imponiéndose un festival de negociaciones entre las corporaciones. No va a cambiar nada en realidad.

También creemos que tiene que haber alguna regulación en materia de medidas cautelares. Es razonable avanzar contra el abuso del proceso que puede verse en numerosas causas, no sólo en la que involucra la presunta inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En muchos casos hay cautelares que duran años  y en las que nunca se resuelve la cuestión de fondo. Esto se soluciona imponiendo reglas claras de procedimiento, exigiendo audiencias orales y públicas además de imponer un plazo perentorio para la resolución de la cuestión de fondo. 

No hay duda de que existen abusos del proceso. Pero esto no se da solo en las corporaciones. Con el fallo Badaro por ejemplo en los juicios al Estado por el reajuste de jubilaciones el Estado también se abusa del proceso cuando reclama "ganame cada juicio", esto mismo se pudo ver con el corralito. Ya sea un gobierno, este o cualquier otro, o las corporaciones, o los estudios de abogados en connivencia con los jueces que hacen abuso del proceso, esto sólo aleja a la sociedad de la justicia.

A pesar de todo no creo que se haya perdido un oportunidad de poder avanzar en una verdadera democratización de la justicia. Creo que todavía tenemos mucho por qué pelear, tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar y las razones sobran para hacerlo.  Pero sí hay que advertir que, en la medida en que se obture la discusión, en la medida en que los legisladores sigan siendo irresponsables, unos por sentarse a votar sin siquiera leer el proyecto y otros por salir a denunciar y hacer declaraciones tremendistas, en la medida que se niegue el debate entonces sí vamos a enfrentar serios problemas. 

Pero si hay debate, si se pone a la luz la discusión y todas las voces son escuchadas, la oportunidad de poder avanzar en una verdadera democratización de la justicia sigue plenamente abierta y vigente.   






(*) Guillermo Nicora es miembro de la Junta Directiva Nacional del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

8 de abril de 2013

El valor incriminatorio de las pericias en los delitos de abuso


Publicado en: Pensamiento Penal
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Al dictar una condena por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos menores, el fallo destacó que es deber de los magistrados tener en cuenta los informes y declaraciones de los peritos.
La Cámara en lo Criminal, Correccional, Civil, Comercial, de Familia y del Trabajo de Deán Funes responsabilizó a un jornalero de 40 años por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de dos hermanos menores de edad y le impuso la pena de siete años de prisión.
Los hechos atribuidos al acusado fueron cometidos entre 2008 y julio de 2011 cuando, valiéndose de su cercanía con los pequeños (era vecino de la familia), sometía a los niños a tocamientos tras invitarlos a merendar a su domicilio y prometerles que les daría alguna moneda.
En otras ocasiones los llevaba a un campo en el que funcionaba un basural y, luego de abusar de ellos, los amenazaba para que no contaran lo sucedido.
Corrupción
La denuncia que dio lugar a la causa fue concretada por la madre de los niños a partir del relato que éstos le efectuaron.
Si bien el fiscal de Cámara, Hernán Funes, consideró que el imputado también cometió el delito de promoción a la corrupción de menores calificada, pidiendo por ello ocho años de prisión, el tribunal restringió la calificación en ese punto.
Los magistrados Horacio Ruiz (autor del voto), Juan Carlos Serafini y Juan Abraham Elías expresaron en su sentencia que la conducta del imputado excedió los meros tocamientos de la figura básica del abuso sexual contemplada en el artículo 119, 1ª párrafo, del Código Penal (CP), toda vez que por las circunstancias de realización del hecho se configuró un sometimiento sexual gravemente ultrajante para las víctimas.
No obstante, entendieron que los sometimientos con claros fines libidinosos, de desfogue, se agotaron en el citado encuadramiento sin llegar a configurar la corrupción inicialmente endilgada.
Durante el debate, el defensor del imputado planteó el supuesto estado de inimputabilidad de su asistido, dado que, según aseveró, no pudo comprender la criminalidad de sus actos por su estado de salud mental.
Sin embargo, los camaristas tuvieron en consideraciones las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le practicaron, según las cuales “tenía discernimiento”. También consignaron que la amnesia que invocó sufrir exhibía “características simulatorias” incompatibles con un cuadro de coherencia clínica psiquiátrica.
A su turno, el acusado dijo que a raíz de un golpe que sufrió en la cabeza no recordaba haber cumplido una condena anterior por delitos de la misma naturaleza.
Asimismo, los magistrados valoraron especialmente el informe psicológico elaborado a partir de la exposición de los propios menores víctimas en la Cámara Gesell.
De acuerdo con los psicólogos, no se advertía en los niños “tendencia a la fabulación, confabulación o mitomanía”, sino, por el contrario, “vergüenza y tensión, angustia e intenso temor, marcado rechazo hacia la persona del imputado”, por lo que recomendaban un “tratamiento psicológico adecuado para resguardar su salud mental dañada por el hecho”.
Validación
Los vocales recordaron que, como ocurre en la mayoría de los ilícitos de naturaleza sexual, los cuales generalmente se cometen sin testigos presenciales, los dichos de la víctima adquieren singular relevancia a la hora de examinar la prueba.
En esa línea, destacaron que es deber de los magistrados tener en cuenta los informes y declaraciones de los peritos que validan los relatos del abuso. “Cuando un experto afirma que un niño ha dicho la verdad y que no ha fabulado se trata de una prueba de claro valor incriminante y como tal deberá ser tomada”, resaltaron.

26 de febrero de 2013

Reacciones por la reciente reforma en materia de excarcelación



El CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, el CEPOC, el CIAJ y los defensores públicos María Fernanda Mestrín y Julián Axat promovieron una acción de inconstitucionalidad contra la ley 14.434 que reformó el régimen excarcelatorio bonaerense.

El texto de la acción puede ser consultado en

http://www.pensamientopenal.org.ar/accion-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-14-434-de-reforma-al-regimen-excarcelatorio-bonaerense/

A su vez, la Asociación Pensamiento Penal, en coincidencia con el reclamo, también se presentó ante la Corte bonaerense en carácter de amicus curiae planteando que la ley cuestionada es anticonvencional por violar la prohibición de regresión en materia de derechos y garantías

El texto del amicus puede ser consultado en

http://www.pensamientopenal.org.ar/amicus-curiae-de-app-por-la-inconstitucionalidad-de-la-reforma-excarcelatoria-bonaerense/

Esperamos que aquellos que coincidan con esta visión, puedan emplear en casos individuales los argumentos relevados en ambas presentaciones (u otros argumentos diferentes) para evitar la aplicación de una legislación notoriamente contradictoria con los derechos y garantías constitucionales y convencionales.

Muchas gracias