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6 de julio de 2010

El sistema penitenciario provincial y los estándares internacionales

La CIDH criticó las detenciones preventivas y las condiciones de vida en las cárceles bonaerenses

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su "profunda preocupación" por las "graves condiciones" de detención en la provincia de Buenos Aires y denunció el "uso abusivo" de la detención preventiva. Según el organismo, los jueces "optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político".

Las demandas están incluidas en un informe publicado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la visita a la Argentina que realizó la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad del organismo del 7 al 10 de junio, durante la cual se reunió con autoridades locales y nacionales y visitó varias cárceles y comisarías.

La Relatoría calificó de "preocupante" el "uso abusivo de la detención preventiva" y señaló que datos de las organizaciones de la sociedad civil apuntan a que "más del 70 por ciento de las personas privadas de libertad" en la provincia de Buenos Aires están en prisión preventiva.

El organismo dijo haber observado que los jueces "optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político".

La CIDH "exhorta a las autoridades a aplicar la detención preventiva con un criterio eminentemente excepcional e implementar medidas alternativas", dijo en su comunicado, en el que además consideró "necesario adecuar la legislación procesal de la provincia a los estándares internacionales de derechos humanos". El organismo verificó además que, debido al déficit de plazas penitenciarias, algunos detenidos pueden permanecer "meses" o hasta más de un año en dependencias policiales no adecuadas para una estancia prolongada y exhortó al Estado a "adoptar las medidas necesarias" para que éstas "dejen de funcionar como centros de detención".

Por otra parte, denunció que ha recibido información según la cual en los centros de detención se inflingen "torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes" con "golpizas frecuentes", duchas frías o prácticas como la "falanga" o "pata-pata" -golpes propinados en la planta de los pies- y hasta disparos con balas de goma, entre otros. En total, señaló la Relatoría, entre febrero y junio de este año se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, de los cuales 115 fueron denunciados formalmente ante las autoridades.

En este sentido, lamentó la "falta de voluntad del Estado para investigar y denunciar los actos denunciados", así como la "impunidad imperante" y la "falta de un registro oficial" de estos actos e instó al Estado a "tomar las medidas necesarias para prevenir la tortura". Entre otros, llamó a las autoridades judiciales a "investigar, juzgar y sancionar a los responsables de hechos de torturas, teniendo en cuenta, para su calificación jurídica, la gravedad de los mismos y los estándares internacionales".

La Relatoría también consideró "preocupante" el "mal estado general" de las estructuras e instalaciones físicas de los centros penitenciarios, así como la "queja generalizada por la calidad precaria y el difícil acceso tanto a los servicios médicos como a medicamentos" y la "queja reiterada" sobre la "insuficiencia y baja calidad" de los alimentos para los detenidos.

En sus conclusiones, la Relatoría exhortó al Estado argentino a "dedicar atención prioritaria y voluntad política" para mejorar la situación de los detenidos en la provincia de Buenos Aires, especialmente mediante el "fortalecimiento" de los mecanismos de protección, entre otros garantizando la "independencia" de los jueces para que "cumplan de manera efectiva con su función de control de la legalidad de la detención preventiva y de la ejecución de la pena, libres de cualquier tipo de ingerencia o presión".

Además, llamó al Estado argentino y a la provincia de Buenos Aires a "diseñar e implementar una política penitenciaria acorde con los principios internacionales que rigen la materia" y a elaborar un "plan general" para "superar la grave situación que padecen las personas privadas de la libertad y a asegurar el goce efectivo de sus derechos humanos".

Fuente: Página12

2 comentarios :

Unknown dijo...

Tenemos el audio de la conferencia dada por la CIDH en la Plata. saludos GMA y Observatorio de encierro

Alvarito dijo...

Estaríamos agradecidos si nos envían una copia digital. Sería importante poder desgrabarla y difundir su contenido

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