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28 de marzo de 2012

Violación del plazo razonable en el juzgamiento del Juez de General Roca


Ayer (26 de marzo) culminó la audiencia oral y pública del juicio político que se sigue al juez penal de General Roca, Pablo Iribarren, por presunto mal desempeño de su cargo en la sustanciación del denominado "Triple Crimen" ocurrido en noviembre de 1997 en Cipolletti, provincia de Río Negro.
 
Desde A.P.P. tuvimos ocasión de concurrir al jury en calidad de veedores, convocados por la defensa técnica, a cargo de Maximiliano Rusconi y Oscar Pineda.
 
Luego de asistir impávidos a un juicio que se sustancia cuando han transcurrido más de once años de la ocurrencia de los hechos, lo que implica una flagrante violación al plazo razonable, también tuvimos que escuchar por parte de la acusación, encarnada por la señora Procuradora, Liliana Piccinini, que en este tipo de procesos no rigen las garantías constitucionales del proceso penal. De esta manera, el inusitado transcurso del tiempo sin sanción procesal asimila al presunto mal desempeño a un delito de lesa humanidad, imprescriptible, como si se tratara de un delito de genocidio.
 
El presunto mal desempeño se basa en una serie de imputaciones genéricas y abstractas, carente de respaldo probatorio, a las que, no obstante, Pablo Iribarren respondió en una declaración que se extendió por espacio de más de 10 horas y que, con mi experiencia, ha sido una de las declaraciones más claras, contundentes y circunstanciadas que he escuchado en mi vida, dando acabada respuesta a todos los interrogantes que pudieran existir, y mucho más. Es más, luego de escuchar esa declaración pensé, ingenuamente, que la Procuradora retiraría la acusación y pediría disculpas por los malos momentos.
 
Sin embargo, de acuerdo al criterio de la señora Procuradora, funcional a la ausencia de pruebas de cargo, "corresponde al juez demostrar que se encuentra en condiciones de desempeñar las funciones propias de su cargo", en una inédita inversión de la carga de la prueba.
 
No puedo dejar de hacer notar que una de las juezas del jury es la hermana de la Procuradora, circunstancia que, al menos, me genera algunos resquemores.
 
El jurado de enjuiciamiento a pasado a un cuarto intermedio hasta el martes 3 de abril, a las 20 horas, cuando se dará a conocer la sentencia.
 
Desde la Asociación Pensamiento Penal publicaremos en el diario Río Negro el texto de la solicitada que se copia más abajo y a la que invitamos a adherir a todxs quienes lo deseen, para cuyo caso agradecemos indicar el nombre y apellido completo, el número de documento de identidad y la actividad que desarrolla.
 
Pensamos que, de este modo, con un amplio respaldo nacional y regional de los hombres y mujeres que nos encontramos comprometidos con la vigencia de los derechos y las garantías contribuiremos a su afianzamiento y consolidación. Y, fundamentalmente, porque Pablo Iribarren es merecedor del respaldo en su favor que estamos solicitando.
 
Muchas gracias por la atención.


 
El texto de la solicitada:
 
Habiendo concluido la audiencia oral y pública y la recepción de los alegatos en el juicio político que se sigue al juez penal de General Roca, Pablo Iribarren, la Asociación Pensamiento Penal expresa su confianza en un veredicto absolutorio, que deje a salvo el buen nombre y honor del acusado, a la par de reafirmar la seguridad jurídica y la estabilidad de las instituciones republicanas.
 
La inconsistencia de la acusación, basada en ambigüedades y fórmulas vacías de contenido, carentes de todo respaldo probatorio, no puede prosperar.  Muy por el contario, tenemos la convicción que la tarea de la señora Procuradora en este lamentable jury debe ser objeto de escrutinio, a los fines de verificar la corrección de su desempeño, habida cuenta sus notorios desconocimientos del derecho y carencia de objetividad, según es su deber legal. No de otra manera puede ser reputada la insólita pretensión de que en este tipo de procesos no rijan las garantías constitucionales y que el acusado deba demostrar la inocencia de los cargos que se le atribuyen.
 
El hipotético acogimiento de una imputación en tales condiciones, en los hechos implicaría la puesta en comisión de todos los jueces de la provincia de Río Negro, que en lo sucesivo verían peligrar la estabilidad que les asegura la Constitución, mientras dure su idoneidad, supeditándolos a inconfesables designios políticos.  

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