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13 de enero de 2014

Fuente: 0223.com.ar
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Jurado: festejemos, pero pongámonos a trabajar
por Guillermo Nicora, publicada el 13/09/13

Sin dudas hay motivos para celebrar: tras 160 años incumpliendo la Constitución Nacional, la provincia de Buenos Aires acaba, por fin, de aprobar la ley que pone en vigencia el juicio por jurados, casi alcanzando a Neuquén (que ya tiene aprobado el código con jurado, y se está aprestando a ponerlo en vigencia).
Si bien es cierto que Córdoba tiene la delantera desde 2004, su modelo es mixto (jueces abogados y jurados en un mismo tribunal) y no es lo que manda la Constitución, pero de todos modos sirvió para demostrar la falsedad del mito de que “la gente no está preparada”.
El jurado bonaerense será un golpe decisivo a 160 años de obstrucciones a la participación popularen el único poder del Estado que no ha alcanzado un nivel aceptable de democratización. Nuestra Provincia es no sólo la Provincia más poblada: además (duele decirlo) tiene encarceladas casi tantas personas como todo el resto del país. 
Desde anoche, casi el 49% de los habitantes de esta Nación tienen una ley vigente que les garantiza el derecho a ser juzgado por sus pares, como manda la Constitución, por lo que hay motivos de sobra para celebrar un nuevo avance en derechos.
Pero la mera vigencia de la ley no alcanza (vuelva al principio de esta nota quien no lo crea). No es -como se fantasea- un problema presupuestario: pero hacer para que un abogado diga “señoras y señores del jurado” en una sala de audiencias de esta Provincia hacen falta varias medidas:
· En primer lugar, hay que capacitar a los jueces. Tras 400 años de ser los dueños de la pelota (aunque los últimos quince algo de su poder pasó a los fiscales), los jueces sólo serán los guardianes del debido proceso y no quienes decidan. Deberán adquirir las destrezas y habilidades necesarias paraconducir un juicio esencialmente distinto a los que hoy se celebran en nuestra Provincia. Especialmente, porque los juicios ya no podrán descansar en la existencia de un expediente.
· También los litigantes (fiscales, defensores oficiales y particulares) deberán reentrenarse: después de siglos de escriturismo, después de quince años de juicios orales en los que se habla poco y se lee mucho, y donde todos los interlocutores usan la jerga casi inentendible de los abogados, será necesario convencer al hombre y la mujer del común de por qué la persona que está en el banquillo debe ser declarada inocente o culpable. 
Años de facultad y años de Tribunales han hecho olvidar a la mayoría de los abogados cómo habla la gente, y en qué consiste el sentido común (dos atributos del pueblo que el despotismo ilustrado se ocupó de expropiar y la república aún no devolvió), y habrá que reaprender.
· Habrá también que reglamentar tanto el tema de las instrucciones al jurado (algo en lo que ya se viene trabajando) como el mecanismo de selección del jurado, legislado en forma algo engorrosa. Sería recomendable, además, empezar a trabajar en nuevas reglas de evidencia que reemplacen el sistema anacrónico del Código Procesal.
· Por último, habrá que readecuar una docena de salas de audiencia en toda la Provincia (no creo que más), pero con cambios menores que no representan un problema económico de ninguna manera.
Lamentablemente, habrá muy pocos juicios por jurados al principio: la norma es muy mezquina al incluir sólo delitos que tienen más de quince años de pena máxima (homicidios, violaciones agravadas, robos con arma de fuego, y pocos más -ninguno que pueda vincularse a la corrupción y otros delitos cometidos desde el poder, como era de esperar-). 
Además, mientras el jurado sea renunciable, muchos abogados (sobre todo, los que creen poder incidir en jueces profesionales o los que no se capacitaron) convencerán a sus clientes de que conviene renunciar. Esta cláusula debe ser urgentemente derogada, igual que la que permite al juez anular el juicio si considera que el veredicto del jurado no ha interpretado los hechos como el juez lo haría. 
Uno exigiría del Gobernador el veto de esta auténtica barbaridad, pero como es justamente una de las reformas que hizo el ministerio de Justicia al proyecto original del INECIP y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, parece que tendrá que esperarse el primer escándalo de impunidad para que el humor popular convenza a los legisladores de que el jurado es tanto un derecho del imputado como de todo el resto de la ciudadanía. 
Pese a estos defectos, hay que poner en marcha el jurado lo antes posible. Como dijera San Martín en horas de desaliento: “La guerra se la tenemos que hacer como podamos… seamos libres y lo demás no importa”.

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