Un proyecto de Ley que se posterga desde 2004 llegó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de diputados de esa provincia. La iniciativa está a cargo de asociaciones de jueces y el STJ de esa provincia. Entrevista de DiarioJudicial.com con la magistrada Analía Durand de Cassís.
"Vamos a tener que reacomodar muchas cosas del sistema actual, pero la gente hace años que viene pidiendo estas medidas", aseguró a DiarioJudicial.com Analía Durand de Cassís, integrante del Colegio de Magistrados, con respecto al proyecto de Ley que prevé la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes.
Es que, de aprobarse el proyecto se introducirían cambios importantes en materia procesal, entre ellos, una medida que de a poco se va adoptando a nivel federal: el sistema acusatorio. "La última vez que se modificó el Código Procesal Penal fue en 1971, que se pensó en función de nuestra provincia y la de Córdoba. Y si bien ese cambio fue hecho previendo situaciones del futuro, hoy necesitamos un cambio de aire", expresó la magistrada.
En el debate suscitado en la Comisión de Asuntos Constitucionales estuvieron presentes algunos delegados del Colegio de Magistrados, como Alejandro Pizarello, Juan Ramón Alegre, Buenaventura Duarte y Eduardo Panseri, además del presidente del Superior Tribunal de Justicia correntino, Carlos Rubín.
Con respecto al proyecto presentado en 2004, Rubín precisó que "hicimos un estudio mucho más profundo. No es perfecto. Ninguno lo es, ni lo será nunca. Pero debemos dotar a la Provincia de Corrientes de una herramienta útil para que puedan funcionar los tribunales. Ningún Juez penal será popular, porque tiene que emitir condena”. Rubín destacó del proyecto el “derecho de las víctimas” el cual está contemplado al igual que la “doble instancia o doble conforme”. A su vez, se estipuló la creación de un “Tribunal Intermedio”.
Pero las modificaciones más importantes en materia procesal también pasan por el cambio del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. Es decir, que los fiscales se encargan de la investigación en los procesos.
"El juez de instrucción sólo intervendrá para controlar actos de relevancia, como una detención o un allanamiento", explicó Durand de Cassís. "Gracias a este sistema podremos resolver los procesos con las pruebas recolectadas por el fiscal, y además, imprimirle a las causas la garantía de imparcialidad que tanto pide la gente en nuestra provincia", agregó.
La integrantes del Colegio de Magistrados señaló otro importante cambio en materia procesal que apunta a acelerar los procesos. "El proceso de flagrancia se utilizará para juzgar a personas de las que se conoce su condición de culpable de un delito. Esto se aplica sobre todo a aquellos que son detenidos cometiendo el ilícito, con lo cual no se deben aportar más pruebas. Con este sistema, no se podrá tardar más de 60 días en pronunciar una sentencia", aseveró la magistrada a DiarioJudicial.com.
"Estamos asolados por arrebatadores o delitos contra la propiedad que deberían ser de fácil resolución, pero que, atentos a los actuales plazos procesales, se tarda en juzgar y por ende se genera un proceso burocrático que impide que se aplique la Ley" siguió.
Y finalmente acotó que "todo el ámbito penal de nuestra provincia está muy comprometido con el proyecto. Esperamos que esta vez se pueda hacer realidad".
Fuente: DiarjoJudicial
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